"No me voy a presentar"

 

“Cumplir y hacer cumplir las leyes” es parte del juramento que una alta autoridad escucha de parte de quien se lo toma al asumir el cargo –dignidad, se suele decir; de ahí lo de “dignatario de Estado”- que va a ejercer. El remate del juramento reza “…de lo contrario os lo demanden”, cosa que se suele olvidar en el camino, cuando la dignidad está por los suelos. “Sí, juro”, es la respuesta mecánica con la que concluye.

Sucede, más a menudo de lo que la ciudadanía supondría que, más allá de lo protocolar, tales términos no se corresponden con la gestión desempeñada por tal o cual autoridad, sobre todo por las de mayor rango: ni cumplen la ley, ni la hacen cumplir y no hay quien se los demande, es decir que les exijan hacerlo, bajo conminatoria en casos de contumacia.

Cuando la primera autoridad de un Estado acumula demasiado poder puede eludir tal compromiso haciéndose otorgar poderes extraordinarios cada vez más totalitaristas que inclusive pueden derivar en tiranía. También, evitando mayor trámite, puede optar por el cinismo y, al conjuro de “yo le meto nomás” hacer los que le viene en gana sin, en principio, responder por ello. Cuando ocurre esto último es porque el sujeto no asume que el poder es efímero y que algún día, luego de cometer un sinfín de fechorías mientras el poder lo inviste, la justicia obrará en consecuencia.

Una de las razones para intentar reelegirse indefinidamente, es que para cuando ese momento llegue, el tirano esté descansando seis metros bajo tierra. Al señor Evo Morales Ayma le falló tal estratagema y, una vez desbaratado su siniestro plan, tuvo que huir cobardemente. Tal parece que, finalmente, a dicho sujeto y a sus secuaces les ha llegado la hora de rendir cuentas en varios frentes.

Uno de ellos es de la reparación económica e inmaterial por los hechos acaecidos en el hotel “Las Américas” hace 15 años en los cuales la CIDH identificó ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras acciones contrarias a los Derechos Humanos –a la ley, en buen romance-.

Resulta un tanto grotesco que ahora, en calidad de simple mortal, el expresidente exprese que no se va a presentar a una eventual citación judicial para defenderse de los cargos que pesan en su contra y de otros ex “dignatarios” involucrados en tales acontecimientos. En su fuero interno, Morales Ayma sabe que la tiene difícil puesto que consta su confesión ante Hugo Chávez en sentido de que dio la instrucción para ejecutar tal operativo –A confesión de parte, relevo de prueba-. Tampoco parece haber medido consecuencias al endosar a su examigo Álvaro García Linera la comisión de las violaciones cometida entonces por el hecho que él se encontraba fuera del país y su compinche estaba en ejercicio de la presidencia. Al hacerlo, está admitiendo que hubo tales extremos. Se está, de alguna manera, autoincriminando.

El personaje también muestra que piensa que sigue como mandamás incontestable y que puede eludir la ley a su antojo. También asegura que (esta vez) no va a escapar. ¿Alguien le cree?

Si yo fuera Sonia, pondría vigilancia 24/7 en las inmediaciones de la embajada de México para evitar un “Glas”. Y estoy seguro de que, si el cocalero logra ingresar al recinto diplomático, el gobierno, respetuoso del derecho internacional, no ingresará por la fuerza a la legación para llevárselo a Chonchocoro.

En fin, que esto comienza a ponerse bueno.

El Inge

La última semana ha estado profusa en declaraciones desaforadas provenientes de las huestes del régimen –en sus dos alas visibles- en torno a un hipotético escenario a futuro en relación a la situación del señor Morales Ayma. El propio sujeto ha asegurado que si no es habilitado como candidato a la presidencia se desatará una convulsión social en nuestro país. Más explícitos –o más torpes, si se quiere- han sido dos de sus seguidores quienes, a su turno, amenazaron con que si el cocalero no es habilitado “correrá sangre” y, que tal personaje será candidato “por las buenas o por las malas”. Por el lado “arcista”, el alcalde de Sucre ha advertido que “Bolivia puede arder” si aquel individuo es habilitado.

¿Qué sensación le producen dichas afirmaciones a usted? ¿las entiende como retóricas? ¿le causan ansiedad? ¿las toma a la ligera? ¿las considera como una incitación a la violencia?...

Hago esta introducción con motivo de la imputación penal que un parlamentario “evista” le inició al ingeniero (El Inge) Édgar Villegas, rápidamente secundada por el ala “arcista” –parecería que el régimen “Lima” asperezas cuando se trata de perseguir a ciudadanos que no comulgan con su línea-, y vuelvo a preguntarle, ¿alguna vez, en 2019 o años después, escuchó de boca del Inge expresiones siquiera parecidas a las mencionadas en principio?

Lo hago –preguntar eso- porque el cargo que pesa sobre Villegas no podía ser más risible: “instigación pública a delinquir”. Compare los términos empleados por los masistas antes citados y los términos (técnicos) que empleó el Inge cuando evidenció el fraude electoral que entonces (2019) fraguó el régimen cuando aún no se había resquebrajado.

Lo que mi memoria trae al presente es que dicho profesional, a más de detallar los datos informáticos –con cierto pánico escénico, probablemente porque no estaba acostumbrado a los medios, ni los buscó- no mencionó, ni por error, otro criterio que no fuera, precisamente, el técnico.

Es decir, que la acusación se cae por su propio peso; tanto así que, acogida en primera instancia, la misma fue matizada por la Fiscalía y por otras instancias judiciales. En sí misma es insostenible.

Tengo la impresión, más bien, de que la contundente reacción de la opinión pública ante semejante atropello, persuadió al oficialismo para no abrirse otro frente en el campo de los derechos humanos… ya es demasiado con desoir las recomendaciones del GEIAE y de la CIDH como para seguir violándolos.

Detrás de este nuevo intento de amedrentar a la ciudadanía para que no vuelva a denunciar los abusos de los poderosos de turno, está la herida causada al régimen por el descubrimiento del fraude perpetrado en aquella oportunidad y por las consecuencias del mismo curiosamente, se puede considerar a Arce Catacora, como el beneficiario más directo de la denuncia del Inge.

Para mayor desazón del régimen en su (des)propósito de cambiar la historia está el hecho de que coincidentemente con la arremetida contra Villegas, el “consultor” de la Universidad de Salamanca contratado por el gobierno de Arce que evacuó un “informe” que negaba el fraude, había sido, él mismo, un fraudulento compulsivo. Así es que, como lo dijimos en su momento, tal documento, hecho “a la carta”, carece de valor científico –carece de seriedad, realmente-.

Luego de cuatro años de “anonimato”, estos días vimos a un Inge más “canchero” en su desenvolvimiento ante los medios y muy firme en su defensa de la democracia, carajazo incluido.

 

¿Censo con censura?

 

Finalmente, después de grandes tribulaciones en el proceso, en horas más se realizará el Censo Nacional de Población y Vivienda –con muchos “etcéteras” en la boleta- mismo que llega con un retraso considerable respecto del tiempo recomendable -10 años- entre censo y censo.

Los devaneos del INE, y del gobierno en general, para su ejecución –se aseguraba que estaba “casi todo listo” a mediados de 2022 e, inopinadamente, se cambió la versión por “no hay condiciones para hacerlo”, lo que desató la ira de Santa Cruz, que se embarcó en un largo paro, por el cual, de alguna manera, el gobernador Camacho se encuentra en calidad de preso político- han generado un clima, no sé si de desconfianza, pero, al menos, de susceptibilidad en relación a la transparencia del mismo, que las autoridades, lejos de despejarla, más bien han dado señales de ahondarla.

El censo, todo censo, es una herramienta esencial de la ciencia demográfica, por lo que mientras más científico sea, más eficacia tendrá a la hora de aplicarla –la herramienta, digo- para su función última, ésta es la planificación del desarrollo durante los siguientes diez años. Por tanto, mientras más ingredientes ideológicos tenga, menos de científico tendrá. Y tal parece ser el caso del que se avecina. Nada nuevo, se dirá, considerando que el último (2012) tuvo muy poco de científico –o técnico, si se prefiere).

Omitir asuntos esenciales –la matriz mestiza de nuestra cultura, por ejemplo- es irracional; omitir la confesión religiosa, otro tanto. Por otra parte, incidir en aspectos particulares de carácter identitario, es un exceso.

De acuerdo, no sólo se trata de contar las almas que pueblan nuestro millón, noventa y ocho mil, quinientos ochenta y un kilómetros cuadrados de superficie y su distribución (densidad), sino de conocer sus condiciones de vida para, insisto, planificar el desarrollo; pero utilizarlo para autocumplir una profecía de carácter étnico es, cuando menos, obsceno. Cabe mencionar que eso no se lo debemos al régimen masista, sino a “románticos” (enamorados de “lo indio”) como el finado Xavier Albó.

Hasta antes de la Participación Popular, los censos eran una ritualidad casi formal; la PP introdujo la asignación de recursos sobre la base poblacional, por lo que en vísperas de los censos post-PP los municipios entran en pánico ante la movilidad de los “estantes” que moran en ellos, pero que tienen arraigo en otras zonas. De igual manera –referencia poblacional-, los guarismos del censo determinan la asignación de una parte de los representantes al parlamento. No es poco lo que está en juego.

A todas estas variables entrecruzadas, debería sumarse la de la transparencia informativa para que la ciudadanía conozca los pormenores del proceso en todas sus fases. Sin embargo, el gobierno, a través de su entidad estadística, se ha mostrado muy hermético, cayendo a ratos en el secretismo, en lugar de abrir de par en par las puertas de la información.

De forma torpe, en inicio, y algo matizada, luego, el INE ha puesto trabas a la labor de la prensa (medios en general) para la cobertura del acto censal el día de su verificativo. Cuando algo así sucede, da para preguntar qué es lo que quiere ocultar el ente censor –que, por ejemplo, no ha sido muy convincente en su justificación del uso del lápiz para el registro-. Total, que en la víspera del censo hay un ambiente enrarecido de suspicacia.

Por el bien de la ciudadanía, las fases siguientes –el durante y el post- deben estar en el marco de acceso pleno y libre a la información. De lo contrario, será tan ilegítimo como el anterior.

Luis Miguel, un asunto de Estado

 

Sé, por experiencia propia de más de dos décadas alternando en la actividad, que el negocio de la producción de espectáculos, principalmente aquellos de mediana a gran magnitud, es altamente volátil. La responsabilidad del promotor es la de garantizar su realización, aunque los números, al final de la noche, no le sonrían. Está en juego la fe pública.

Una serie de factores, sin embargo, puede interferir entre la promesa de una gran presentación y su deseada efectivización. Entre una u otra, la lucha del empresario es por minimizar aquellos que podrían afectar a que el objetivo se cumpla de manera satisfactoria, tanto para quienes compraron su localidad (satisfacción espiritual, digamos) como para quienes invirtieron –a veces sumas exorbitantes- (satisfacción económica). El riesgo, parte de cualquier inversión, deberían correrlo éstos; el público no debería correr alguno, pero se han dado casos de tumultos o de desplomes de estructuras que, incluso, se cobraron la vida de espectadores.

La modalidad de pre-venta, generalmente a menor precio, es una práctica generalizada en el mundo y ayuda al productor a ir sufragando gastos previos, aunque el grueso sale de bolsillo. Por tanto, la confianza es un elemento clave para que los interesados en presenciar determinado show adquieran sus entradas con larga antelación.

Hay aspectos que están bajo entero control del promotor (o del grupo/empresa), de modo que, si alguno de ellos falla, es también de entera responsabilidad del mismo; no obstante, hay otros que, en distintos grados, no lo están. Los aspectos técnicos, por ejemplo, son de absoluta responsabilidad de la producción; los climáticos, no enteramente.

No es privativa de algún lugar la suspensión de un megaespectáculo; se da en todo lado. Pero, así como unos han ocurrido a pesar de una persistente lluvia (lo que los hizo memorables), otros no se realizaron porque el cantante tuvo un repentino resfrío.

Hay casos y casos. En vísperas del suspendido concierto de Aerosmith en Santa Cruz sucedió una suerte de ciclón que derribó parte de la estructura escénica y el staff técnico del grupo decidió no arriesgar a la banda no al público. Los inversores y los espectadores, muchos de los cuales, entrada en mano, habían viajado en familia, por vía aérea, para asistir al evento sufrieron, cada cual en su medida, pérdidas de consideración.

Podría contar decenas de experiencias de “casi suspensión” durante el periodo en que estuve involucrado en el rubro, pero no es el momento ni el espacio para ello.

Antes bien, me referiré al más reciente caso local de una suspensión, la del concierto de Luis Miguel, que, según el comunicado que circuló, se debe a que la avanzada de la producción del artista consideró –a falta de un mes para el mismo- altamente peligrosos ciertos hechos sociales y económicos que ocurrieron en el país durante su “reconocimiento de terreno”, por lo que se decidió quitar de la gira la escala en Bolivia.

Aquí es donde entra un factor inédito hasta la fecha. El Viceministro de Defensa al Consumidor se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el tema elevándolo a un asunto de Estado, apuntando a los constantes bloqueos ordenados por Evo Morales como los causantes de tal hecho, por lo que ha instado a la Asamblea Legislativa a tratar el proyecto de ley de penalización a los bloqueos de carreteras, cosa a la que Morales y los suyos se oponen terminantemente.

Más allá de los reparos que un análisis objetivo pueda originar, el giro político que ha tomado el tema es asombroso.

21-F: Vivencia y vigencia

 

Domingo 21 de febrero de 2016, hrs. 23:05. Katia Uriona, presidenta del Tribunal Supremo Electoral anunciaba, en conferencia de prensa, el resultado del referéndum constitucional mediante el cual Evo Morales Ayma pretendía habilitarse a un cuarto mandato (con sabor a reelección indefinida), cosa expresamente prohibida por la Constitución –de hecho, Morales ya la había violado para conseguir su tercer periodo-. Se dice que, como restaba por conocerse el cómputo de un 0.4% de las actas, el resto de los miembros del pleno intentaron persuadir a la titular de hacerlo, probablemente forzando un cambio de la tendencia que terminara favoreciendo a Morales Ayma, personaje a quien eran (son) proclives. Pero su Presidenta decidió seguir adelante –los rostros de quienes la flanqueaban son absolutamente elocuentes de la contrariedad que les embargaba- y Bolivia se informaba sobre el triunfo del “NO” a la aviesa intención del entonces gobernante.

Quienes enarbolamos la posición democrática salimos a celebrar ruidosamente la victoria; mientras tanto, en la acera del frente comenzaban a desmontar los escenarios que habían armado, seguros de que el “Sí” arrasaría, pese a que todas las encuestas señalaban que la opción contraria era la predominante, incluso con una distancia mayor de la que los resultados oficiales difundieron.

La “seguridad” de un resultado favorable de la que el régimen se ufanaba, no era, sin embargo, proveniente de las encuestas, sino de la habitual suficiencia con la que Morales Ayma ninguneaba a sus contrarios, proclamando que los (nos) iba a “revolcar” con un 70% -con guiño al TSE-. Tal era su “confianza” que no dudaba en indicar que, si perdía, así fuera por un voto, se retiraría a su chaco en el Chapare.

Una vez consolidado el triunfo del “NO”, Morales Ayma, con cara de pocos amigos, afirmó que iba a respetar la decisión de la ciudadanía, aunque su cerebro gris, García Linera, la relativizó calificando el resultado como “empate técnico”.

Cabe remarcar que la idea de un referéndum “habilitante” para el jefazo se activó prácticamente desde el inicio de su periodo extra (el tercero), de suyo inconstitucional, cuando ya tenía cinco años más en el bolsillo por delante, pero, nuevamente, la Constitución se interponía en su aspiración de sumar otros cinco, y otros cinco, y otro cinco hasta dejar sus huesos en el horrible edificio que mandó a construir para su glorificación eterna.

Lo que siguió forma parte las páginas más ominosas de nuestra historia: A la manera de Hugo Chávez quien había también perdido en una consulta popular, pero torció la decisión ciudadana reformando la Constitución venezolana para prorrogarse ad infinitum –providencialmente, la parca se lo recogió, aunque su sucesor va por el mismo camino- el MAS usó tal franquicia inventando un supuesto derecho humano a la reelección indefinida al que un servil Tribunal Constitucional dio curso legal.

Tal atrabiliaria acción acabó por pasar factura a su gestor en noviembre de 2019 cuando éste, fraude mediante, intentó burlarse una vez más de los bolivianos. Al no conseguirlo, huyó despavorido dejando instrucciones para asfixiar a las ciudades mediante el desabastecimiento alimentario.

Al cabo de los años, la impronta del 21-F continúa vigente. Los propios masistas, olvidando que fueron cómplices suyos en su desconocimiento y en el posterior fraude, reprochan a Morales Ayma el haber desoído la voz de la ciudadanía.

Hoy, aquel tiranuelo que quiso perpetuarse en el poder recurriendo a los recursos más bajos, intenta recobrar fuerza desde su reducto chapareño con la intención de retomarlo. La fuerza del 21-F se lo impedirá una vez más.

Estado del Arce

 

Ha tenido que transcurrir más de la mitad su mandato (a lo que hay que sumar la década que ejerció el cargo de ministro) para conocer con cierta aproximación el perfil del Presidente.

El Sr. Arce Catacora ocupa la primera magistratura luego de ganar las elecciones de 2020. La historia de cómo accedió a la candidatura por el MAS, tiene que ver con la decisión tomada por el jefe del partido –nada de consulta a “las bases”, ni de elecciones internas- cuando todo parecía indicar que sería el actual Vicepresidente quien tendría tal representación, o que incluso el favorito de Morales, el actual presidente de Senadores, Andrónico Rodríguez, tenía más oportunidad que quien finalmente fue designado para ello.

Una versión dice que Morales se decantó por Arce al considerarlo “fácil de manejar” una vez que éste ocupara el cargo. Hay otra versión que indica que lo hizo por un cálculo tan fino, ligado al supuesto mal estado de salud del actual mandatario y también a la posibilidad de que Morales accediese a la Cámara de Senadores y, además la presidiere, colocándose como tercero en la línea de sucesión y así poderla forzar hasta hacerse de la Presidencia. Como se sabe, Morales fue también inhabilitado a la candidatura senatorial y el plan quedó en nada… pero Arce siguió en carrera.

Abonando a la primera hipótesis, está el primer año y algo más de la presidencia de “Lucho”, tiempo en el que, evidentemente, el delfín fue un obediente pelele del jefazo, hasta que adquirió personalidad propia para actuar por su cuenta y, en consecuencia, tomar distancia de la mano que mece la cuna.

Lo que ocurre en la actualidad es consecuencia de tal “destete”, luego del cual las aguas del régimen se dividieron y hoy se encuentran en plena guerra por el control del “instrumento”, cada uno con sus propias huestes dispuestas a descalificarse entre sí.

No se puede entender a Arce sin considerar su relación con Morales Ayma. Fue el expresidente, ahora enfrentado a su creatura, quien le dio el crédito de “gran economista” al extremo de considerarlo su maestro en materia de economía. Arce nunca expresó que Morales fuera su maestro en materia de política porque sencillamente algo en la personalidad de “Tilín” no daba para los “baños de masas”.

¿La llevaría mejor Morales Ayma si Choquehuanca o Rodríguez hubiese sido el “elegido”? Pregunta retórica que da para especular; pero, en todo caso, no podría irle peor que lo que le va con el también conocido como “El Canastas”.

Lo que ha quedado claro en el tiempo de ejercicio de la presidencia es que la fama de buen economista que consiguió en su tiempo de ministro era porque le tocó serlo en un periodo de excepcional bonanza proveniente del boom gasífero, o sea que le tocó administrar la abundancia, algo para lo que no se necesita ser una eminencia de la Economía –incluso se puede afirmar que hasta con esa gracia lo hizo mal-. En el tiempo de escasez, consecuencia de sus propias acciones como ministro, el Sr. Arce Catacora ha probado ser un, cuando menos, mediocre economista, como corroborando el despectivo mote de “cajero” que le pudo Tuto y que Morales lo replica constantemente.

A estas alturas se puede decir que, como economista es un aprendiz de político y que como político es un pésimo economista a quien el poder le ha dado un lustre espectacular.

El no responder personalmente, sino a través de sus operadores (Lima, Castillo, Prada y Richter), a las provocaciones de Morales Ayma, lo ha afirmado en cierta preferencia con miras a las próximas elecciones –para todo lo demás está el control sobre otros poderes del Estado, exceptuando el Legislativo que ya no responde mecánicamente a sus designios-. La reciente crisis judicial así lo supuso.

LA ENTREVISTA FANTASMA

Considerémoslo un hallazgo. El 17 de julio de 1980, pasado el feriado paceño, debía salir a las calles una nueva entrega del semanario Apertura, nombre alegórico al inicio de la era democrática en el país.

Pero, como todos saben, aquel día se produjo el narcogolpe de García Meza y sus secuaces -Arce Gómez, el más notorio-.

Hasta el día anterior, el Congreso dilucidaba el entuerto de la designación del Presidente de la República para un periodo constotucional íntegro que habría de suceder a Lidia Gueiler Tejada, quien ocupaba la Presidencia interinamente.

Bolivia quedó aislada internacionalmente y se inició un proceso hasta la restitución democrática.

Aquella entrega de Apèrtura contenía una entrevista a mi padre en su calidad de Presidente a.i. de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. En ella se percibe a un hombre de convicción institucionalista -mi viejo había sido exiliado a Paraguay por Banzer en 1974- plenamente comprometido con la democracia y con la actividad que desarrollaba.

Imagino que por estar entre los entrevistados por el semanario recibió un ejemplar por adelantado. Hace unos dñías, husmeando entre mis archivos, encontré este material que al no haber circulado puede ser calificado como inexistente... pero acá está. Lo he transcrito tal como salió impreso, incluso con el apellido separado -mi familia usa "Reyesvilla"-.

Un par de apuntes: Mi padre está próximo a cumplir 75 años, de modo que cuando se le realizó esta entrevista contaba con 45. En la misma se habla de Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fuera asesinado precisamente ese 17 de julio. No me corresponde emitir mayores juicios de valor; lo que sí quisiera añadir es que algunos criterios expresados en la nota podrían pasar como actuales. Sin más, paso a la misma:


Jorge Reyes Villa, ex oficial de Ejército, abogado y gerente de tres firmas textiles es el máximo dirigente de la empresa privada. Elegido como Primer Vice-Presidente de la Confederación de Empresarios y como Presidente de la Cámara Nacional de Industrias, actualmente ejerce la Presidencia a.i. de la CEPB, en ausencia de su titular, Marcelo Pérez.

Figura nueva en los mandos directivos del sector privado, a pesar de sus varios años en esta actividad, Reyes Villa nació en Chuquisaca pero vivió toda su vida en La Paz. Su esposa es pandina y tiene cinco hijos.

Su despacho en los altos del cine “Princesa” dista mucho de ser la oficina ultra-moderna a la que nos tienen acostumbrados muchos ejecutivos, pero sí traduce un ambiente de mucho trabajo. Varias pilas de papel andan dispersas en sus dos escritorios de madera, los que dejan poco espacio para los sofás en los que nos recibe. El resto del espacio está virtualmente abarrotado de las piezas de aguayo que produce en su fábrica.

Jorge Reyes Villa dejó una brillante carrera militar para dedicarse a la actividad privada. Fue Brigadier Mayor del Colegio Militar, abanderado de las distintas unidades a las que perteneció y resultó premiado entre muchos oficiales latinoamericanos, como el mejor alumno, cuando lo enviaron a Panamá a realizar estudios de post-grado.

Es además abogado graduado en la Universidad mayor de San Andrés y cursó estudios avanzados en la Facultad de Economía.

“La empresa privada se ratifica en su posición de apoyo a una real institucionalidad del país y está a la espera de que el Parlamento haga una correcta interpretación del deseo de todos los bolivianos de vivir en una verdadera democracia”, dijo el Lic. Jorge Reyes Villa, Presidente a.i. de la Confederación Nacional de Empresarios Privados.

Apertura lo visitó para conocer la posición de su sector frente a la actual coyuntura política y a la posibilidad, casi cierta, de que el próximo 6 de agosto se instaure en el país un régimen de izquierda.

-¿Ese es normalmente un tema que muchos empresarios tratan en reserva, qué le parece a usted?
-Mi posición es institucional. La Confederación ha hecho conocer su opinión en reiteradas ocasiones. Nosotros hemos apoyado pública y oficialmente el proceso de democratización. Si lo hicimos antes, no veo por qué no ahora…

-¿Tienen Uds. alguna preferencia política determinada?
-La empresa privada no es un ente abstracto; está constituida por personas y cada una tiene su inclinación diversa. Somos una institución eminentemente plural. Entre los empresarios hay movimientistas, banzeristas, gente de la UDP y del MIR, de la Democracia Cristiana, hasta del Partido Comunista. Lo único que tenemos en común es que trabajamos independientemente y no medramos del Estado. Pero la Confederación, como todo, no tiene, no puede tener, una inclinación política por lo menos que represente al conjunto.

-¿Usted diría que les es indiferente cualquier gobierno?
-No exactamente. Claro que no nos es indiferente, pero la definición no la daremos nosotros sino el Congreso y como bolivianos respetaremos lo que este poder determine. Esperamos, eso sí, que allá se actúe con desinterés y que de sus reuniones surja una solución inteligente que cuente con el respaldo de todos.
Jorge Reyes Villa confía en que los representantes nacionales y sobre todo los jefes políticos actúen inteligentemente. Cree que debe darse un acuerdo previo que permita definir pronto la situación en el Congreso y que inicie un proceso de auténtica institucionalidad.

En lo que sí pone énfasis es en que el gobierno que emerja del parlamento debe ser consecuente con lo que manifestó en la etapa preelectoral. “Deberá dar el ejemplo de sujeción a la Constitución y las leyes y respetar la autonomía de las instituciones existentes en el país, especialmente en la actividad privada, la sindical, las Fuerzas Armadas… El gobierno debe respetar sus mandos naturales, sin interferencias de ninguna naturaleza”, recalca nuestro entrevistado.

Los resultados electorales no han pillado de sorpresa a los empresarios y Reyes Villa insiste en que mantendrán sus planteamientos de apoyo al proceso y sobre todo insistirán en un tema que creen fundamental para iniciar esta etapa: la firma de un “gran acuerdo nacional”.

“Reiteramos nuestro llamado a todas las instituciones comprometidas con Bolivia”, dice.

-Hay una versión sobre la posición del sector privado que ha sido difundida en el exterior. En ella se habla de pánico, de exportación del capital. De una situación parecida a la que se creó en la época de Allende en Chile…
-Eso no es evidente. Nuestra empresa privada tiene un capital incipiente y su rentabilidad es mínima. No hay capital acumulado que pueda ser exportado. Me refiero a la gran mayoría de las empresas y no a las excepciones. No estamos en ese tren…

-¿Cómo ven Uds. el próximo futuro?
-Hay preocupación, pero no actitudes de ese tipo. En la empresa privada no hay esa posición. Hay alerta, expectativa, deseo de participación. Lo que requerimos es que el próximo gobierno garantice y estimule al sector privado.
Reyes Villa cree que un retorno a la normalidad institucional puede sentar las bases para la formulación de una verdadera política industrial, que cree que es inexistente. “El sector industrial es creador. No hay país en el mundo que no trate de incentivarlo porque es fuente generadora de empleos y de transformación de recursos naturales”, señala.

“Lo importante es que el gobierno, sea el que sea, defina claramente las reglas del juego y se ajuste a ellas…”, sostiene a tiempo que descarta las posiciones liberales adoptadas por los gobiernos de Pinochet y Videla frente a las empresas que no tenían suficientes índices de rentabilidad, y que quebraron cuando se abrieron las compuertas a las importaciones de productos competitivos de cualquier parte del mundo.

“Acá no podemos darnos el lujo de cerrar fuentes de trabajo. Tenemos que cooperar al esfuerzo de los empresarios bolivianos. Acá es más difícil hacer empresa que en estos países limítrofes. No hay nada que hacer que nuestra situación mediterránea nos perjudica y encarece los insumos…”, comentó el ejecutivo de la Empresa Privada.

“Si el gobierno coordina una política con la actividad privada y le fija un campo de acción, la confianza puede obrar milagros en los empresarios…” agregó.

Su actitud conciliadora se quiebra cuando comenta el anuncio del diputado socialista Marcelo Quiroga en sentido de que su primera acción parlamentaria será pedir la estatización de la minería mediana.

“Lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno que emerja del Parlamento es que las empresas públicas respondan a las expectativas para las que fueron creadas. Que sean rentables… Cuando se arreglen los problemas del sector público, que tiene en sus manos el 80 por ciento de la economía, habremos hecho un gran servicio a la nación. Hay que exigir que se cumpla con este requisito y que después se emitan otros aventurados criterios”, dijo Reyes Villa a tiempo que comenta la crítica situación de COMIBOL que se refleja en un informe publicado la semana pasada.

Hay nuevas formas de ver las cosas y nuevos rostros a nivel de la empresa privada. Hay una evolución que comentamos con el Vicepresidente y Presidente interino de la CEPB. El admite que así es, que hay un nuevo enfoque de la realidad al que se han enrolado los empresarios. “La clave es el diálogo. Organizarse y hablar para entenderse…” nos dijo a modo de despedirse.